Lector/ANNCOL/Europa
Desde 1993, en Colombia se gestó un sistema de salud muy similar al norteamericano; que consiste en un modelo de privatización del servicio, planes de beneficios diferenciados para pobres y no pobres, acceso a servicios mediado por comités técnicos, entre otras; se reguló a partir de la Ley 100 y se consolida en el marco del modelo de estado neoliberal implementado en los últimos años.
Los principios la Ley 100 hablan de universalidad, solidaridad, equidad e integralidad pero estamos lejos de hacer realidad dichos principios. Con la implementación de esta legislación hemos podido ver la fusión y desaparición de hospitales públicos (tal es el caso del San Juan de Dios y el materno infantil en Bogotá), gracias a que el sistema les exige que sean autosostenibles y que se asuman la lógica de la empresa privada, hemos podido ver el fenómeno del “paseo de la muerte” que se caracteriza por el fallecimiento de las personas debido a la no atención inmediata en salud, millones de tutelas (acciones legales) para tener acceso a medicamentos o tratamientos no autorizados (según un estudio de la defensoría del pueblo, en los años 1999, 2000, 2001, 2002, y el primer semestre de 2003 del total de tutelas instauradas por los colombianos/as el 25.7% corresponde a tutelas que invocan el derecho a la salud como derecho fundamental o en conexidad con alguno de los calificados como fundamentales-).
Si las personas quieren tener atención en salud de mejor calidad deben estar en el régimen contributivo y pagar más, en este sentido se creó la medicina prepagada que consiste en asumir pagos adicionales al mínimo obligatorio para tener acceso inmediato a medicina especializada como la interna, pediatría y gineco-obstetricia, hospitalización en habitación individual y unidad de cuidados intensivos, sin límite de días, medicamentos no cubiertos por el POS en hospitalización y cirugías, atención del parto en habitación individual, amplia red de clínicas, hospitales y centros de atención médica, posibilidad de elegir la Institución de confianza en caso de hospitalización o cirugía (tomado de una de las ofertas de una EPS especializada en medicina prepagada en Colombia). Al ver estas ofertas se siente que estuvieran ofreciendo servicios de hoteles 5 estrellas y no servicios de salud. Si no se cuenta con la medicina prepaga, el acceso a especialistas es casi un milagro porque se debe pasar por varios filtros como medico general y medico familiar, si se formulan medicamentos que no están en el POS (plan obligatorio de salud) las personas deben asumir su costo o interponer una acción legal generalmente tutela para que se haga entrega y no hay posibilidad de elección de centro de atención tan fácilmente.
La lógica con la que opera el sistema de salud colombiano es que la salud no es un derecho sino una mercancía y un favor que se compra de acuerdo a la capacidad de pago y se mendiga al estado, sino hay dinero, no hay salud. Bajo esta lógica es sencillo entender como unos pocos se enriquecen a costa del pueblo colombiano y de su muerte es decir las grandes Empresas Prestadoras de Salud que son entes intermediarios en la garantía de acceso a los servicios de salud de la población colombiana.
El gobierno hizo liquidar y privatizar el Seguro Social, ente público prestador de servicios de salud, (bajo el argumento de ineficiencia administrativa) con medidas como la prohibición de captar nuevos afiliados, través del decreto 1750 de 2003, así mismo le quitó al ISS la prestación de servicios de salud. Las 37 clínicas y 204 centros de atención ambulatoria que tenía, fueron agrupados en 7 Empresas Sociales del Estado (ESE), dependientes ya no de la EPS ISS, si no del Ministerio de Protección Social. Esto le quitó el derecho a la EPS ISS de contar con su propia red de servicios (IPS) y contratar con ella para obtener un mejor balance financiero (tomado de periódico DESE ABAJO - 19 de Septiembre de 2006), con todo esto fue posible identificar que la idea era dejar en manos en los privados la prestación del servicio, ahora el ISS se llama la nueva EPS y es una entidad privada pero “eficiente”.
El sistema de salud actual entró en crisis por factores como los descritos anteriormente y por esto el gobierno decidió declarar la Emergencia que es uno de los estados de excepción consagrados por la constitución en su artículo 212. Al amparo de esta declaratoria se expidieron decretos que buscaban (según el gobierno) más recursos para la salud, sin embargo al conocer las implicaciones de los mismos fue posible identificar que lo que buscan es liberar al Estado cada vez de la responsabilidad de garantía del derecho a la salud a cada habitante de la nación, ya que se abre la posibilidad que quienes sufran de enfermedades de alto costo acudan a prestamos bancarios y uso de las cesantías para pagar el tratamiento de dichas enfermedades si no están en el POS el estado no lo pagará ni las EPS ya que se denominarán prestaciones excepcionales en salud (decreto 128 de 2010), de igual forma se profundizan las dificultades para acceder a especialistas y se sanciona a los médicos y medicas si formulan por fuera del POS, de esta forma se previene la interposición de tutelas.
Las medidas en seis meses profundizarán el sistema cada vez más para parecerse al norteamericano como lo muestra el director Michael Moore en su película SICKO. Entre las decisiones de los decretos que ya están empezando a operar están:
Los médicos que formulen medicamentos no previstos en el POS serán sancionados con 50 Salarios Legales Mínimos Mensuales Vigentes (Decreto 131 de la Emergencia Social), unos 25 millones de pesos colombianos.
Las remisiones al especialistas se harán siempre y cuando: "no afecten los costos del sistema de salud" (Decreto 131 de la Emergencia Social)
Los tratamientos serán asumidos por el enfermo o sus familias con: Patrimonio, Cesantías, Ahorros Pensionales e incluso, préstamos bancarios.
Creación de un fondo limitado de recursos para cubrir los tratamientos de alto costo, el cual priorizará el acceso solo a unos pocos y no a todos.
Creación de un Organismo Técnico Científico centralizado, encargado de la autorización de tratamientos médicos y medicamentos.
El Gobierno tomará el control de la elaboración de las guías de manejo donde se define el procedimiento recomendado para enfermedades como cáncer, VIH, trasplantes, entre otras quitándole toda participación de la sociedad civil en estas definiciones.
Estos decretos no fueron sancionados con base en un análisis profundo de las causas de la crisis, ni se hizo con la participación de la gente y menos aún de los especialistas en el tema. Es posible ver la incongruencia de los decretos de estado de emergencia con el artículo de 48 y 49 de la constitución colombiana sobre el derecho a la salud en Colombia y el desconocimiento del estado actual en salud de las personas que no podríamos valorar como bueno y menos como deseable. La situación ha llevado a que la población colombiana se manifieste en contra de estas decisiones y se han dado movilizaciones que buscan frenar la puesta en marcha de los decretos. Ha logrado a unir a todas las personas y se están llevando a cabo medidas para que en Colombia se garantice el derecho a la salud en lugar del lucro constante de unos pocos.
